Se van a examen

Cuando todos esperaban que a esta altura del año comience la “bajada” (como define el programa radial “Justicia Infinita” a esta época), cuando todos piensan en las costas de Uruguay, cuando la mayor preocupación del montevideano promedio es saber si se puede coordinar la licencia con el resto de la familia o con los “amigos de verano”, cuando ya se palpita el calor, no me queda más que bajarlos a tierra y contarles todo lo que pasa en este bendito país. Bueno, todo no. No tengo tiempo ni espacio (ni tanta información) para acaparar la totalidad de hechos que hacen al Uruguay. Por eso les propongo atender un tema de interés general y del que no podemos ser ajenos.

¿Maleducados o mal aprendidos?

“Educación”, señores. Eso es de lo que más se habla en estos tiempos. ¡Enhorabuena! Bienvenida sea la discusión. Repasemos entonces este asunto: en uno de los primeros discursos de José Mujica como presidente de Uruguay, el mandatario prometió “educación, educación y educación”. Esa tríada daba para pensar que el gobierno se iba a ocupar de la educación, ¿no?

El Poder Ejecutivo se levantó una mañana y se enteró que las pruebas PISA habían dejado al descubierto algunos problemas educativos que debían ser atendidos de inmediato. Oposición va, oficialismo viene, al tiempo se reunían para ver cómo lo solucionaban. Meses después, la directora más famosa del Uruguay, Graciela Bianchi, anunció que tenía pensado tomar medidas con el plan de estudios del Liceo Bauzá, independientemente de lo que el Consejo de Educación Secundaria (CES) dispusiera. Algunos la apoyaron y otros la criticaron, pero a ella poco le importó.

También se supo que desde la Facultad de Ciencias de la Universidad de la República se reclamó al CES que los estudiantes que recién ingresaban a la educación terciaria “científica” no podían pasar las pruebas que la Facultad les ponía a principio de año. Otro dolor de cabeza para las autoridades.

Silencio, gente en obra

Mientras todo esto ocurría, el nacionalista Daniel Corbo, integrante por la oposición del Consejo Directivo Central (CODICEN) de la Administración Nacional Pública (ANEP) redactaba un nuevo programa educativo denominado “Promejora”. Este plan, en breves líneas, permite a los liceos que suscriban a él (no es obligatorio) realizar modificaciones a su plan de estudio durante un año mientras son sometidos a una estricta evaluación de la ANEP. La idea es visualizar de dónde y hasta dónde van los centros con los cambios que propongan. Todo en el marco de experimentar y buscar salidas a los malos resultados académicos de los jóvenes uruguayos que reflejan las pruebas.

Este plan generó un profundo rechazo de la Federación Nacional de Profesores de Enseñanza Secundaria, quienes entienden que se pretende que los liceos compitan entre sí. Los docentes también entienden que con el Promejora se va hacia un modelo de educación Chilena. A su vez, Secundaria también reaccionó ante este proyecto: entre otros argumentos, explicaron que los planes de estudio, según la última ley de Educación, sólo pueden ser establecidos por Secundaria.

Daniel Corbo - CODICEN

Ahí surgieron múltiples problemas políticos: el plan fue propuesto por un integrante del Partido Nacional y es rechazado por el sindicato docente y por las autoridades de Secundaria, Pilar Ubilla y Fernando Tomeo, representantes del MPP. La oposición reclamó que el gobierno “gobierne”, y que es el CODICEN quien manda, por lo que el CES tiene que acatar. Mientras todo esto pasaba (durante esta semana) el presidente Mujica estaba en México y cada tanto realizaba alguna declaración poco jugada sobre el tema.

Lo que pasó y lo que pasará

Recientemente se celebraron varias reuniones entre Secundaria y el CODICEN en busca de acuerdos sobre este punto. El primero quiere que el Promejora se modifique y que intervengan en su nueva redacción todos los actores de la enseñanza. El segundo aceptó eso pero sin el apoyo de Corbo. El nacionalista presentó una contrapropuesta que permite la intervención de otros actores, pero que no modifica el Promejora. Ayer viernes, a última hora, se anunció que hoy sábado se firmará un acuerdo entre Secundaria y el CODICEN sobre este asunto.

Según informa el diario El País, el documento que se firmará hoy es el resultado de una síntesis entre las diversas propuestas. El CODICEN promete atender la opinión de los docentes, al tiempo que se acordó extender el plazo para que los liceos se puedan anotar en el Promejora. Siendo más claro: van a estudiar modificaciones al plan, mientras piden a los liceos que se sigan inscribiendo.

Si el Promejora es o no la salvación de la crisis educativa en Uruguay, lo pueden responder los expertos en esta materia. El problema es cuando esos expertos no se ponen de acuerdo. Lo lamentable de todo esto es que mientras ellos discuten, 4 mil jóvenes no terminarán las clases este año por los altos índices de deserción estudiantil.

Cómo mantener una charla de bar y no morir en el intento

Quizá este sea uno de los artículos más aburridos que escribí. Tal vez sea uno de los más importantes. Aunque pensándolo bien, puede que sea solo la visión de un periodista. Entiendo que es casi vital estar al tanto, mínimamente, de lo que pasa fuera de nuestro hogar. No dudo que ello, en algún momento, modifique nuestro estilo de vida.

Foto: Jorge Pérez

Conversando con un compañero de clase del Seminario de Periodismo (materia de cuarto año de la Licenciatura en Ciencias de la Comunicación) surgió el tema de la figura del senador Jorge Saravia. No recuerdo las palabras exactas, pero el comentario de mi colega de estudios fue algo así: “ah, no tenía idea que Saravia ya no estaba en el Frente Amplio”. Eso no solo demostró que mi compañero desconocía el último y gran enroque legislativo, sino que hasta me animaría a afirmar que tampoco sabía cuál era el contexto en que el Saravia pasó de ser frenteamplista a ser blanco.

Si tú, lector de Mediorama, estás tan “pintado” como mi compañero, acá va un repaso de algunas de las últimas maniobras realizadas por quienes nos gobiernan y algunos más. No entraré en detalles, fechas ni números. Simplemente lo que pasó y lo que tal vez pasará.

¡¡¡Pero escuchame, papá!!!

El presidente de la República, José Mujica, discutió durante meses con el vicepresidente, Danilo Astori, para que el Poder Ejecutivo redacte un proyecto de ley que cree un Impuesto a la Concentración de Inmuebles Rurales (ICIR). Le decían “impuesto al agro”, pero de ahora en más le dirán ICIR. Les aviso porque esa sigla la van a escuchar bastante en los próximos meses. El proyecto que crea el ICIR ya está en el Parlamento. Básicamente posibilitará que los dueños de grandes campos y con buena productividad tengan que pagar un nuevo impuesto. Mientras más grande es esa propiedad, más alto el gravamen. Ahora les toca a los legisladores discutir y aprobar el texto. Posiblemente lo aprueben solo con los votos del oficialismo, pero no antes de un acalorado debate.

Te vas porque yo quiero que te vayas

Aratirí, esta minera que se iba a instalar en nuestro país para extraer el hierro de varios departamentos del interior, anunció que enlentecería sus inversiones en nustro país. Eso significa que el dinero que ya tenían para comprar toda la maquinaria, para construir toda la infraestructura y pagar sueldos, se irá hacia algún otro país. Al menos hasta que Uruguay determine qué hará con sus políticas en minería. Los empresarios se molestaron por el debate interno que se generó alrededor de Aratirí. Ahora el gobierno creó una comisión que discute las nuevas políticas del país en esta materia. Posiblemente en algunos días tendremos novedades sobre el tema.

Bajá un cambio

El Partido Colorado está por conseguir 250 mil firmas con las que llevará a plebiscito una reforma constitucional para que, entre otros puntos, se baje la edad de imputabilidad de 18 a 16 años. Es decir que si un joven comete un delito con 16 o 17 años no se lo juzgará con el Código de la Niñez y la Adolescencia, sino que se lo sancionará con del Código Penal. Se quiere atacar de ese modo el problema de la minoridad infractora. Esta eventual reforma levantó grandes debates entre frentistas, blancos y colorados. Saber de este tema es importante porque es casi un hecho que en 2014 –sino antes– todos los uruguayos deberemos elegir en las urnas si apoyamos o no la iniciativa.

Ya está, me quedó claro

Por último, para quienes nada sabían de Saravia, les cuento cómo fue la situación. En 2004 (tiempo electoral) el ahora senador Saravia dejó el Partido Nacional (PN) y se sumó a filas frenteamplistas. Creó en el Espacio 609 un sector que se denominó “Columna Blanca”. Al tiempo le cambió el nombre para “Patria Grande” (uno menos obvio). Pero este año, en medio del debate para crear una ley interpretativa de la Ley de Caducidad, Saravia se mostró contrario a la iniciativa por entender que se iba en contra de los pronunciamientos populares que no habían logrado desaparecer esa ley de nuestro sistema jurídico. De ese modo fue en contra de sus compañeros del Frente Amplio (FA) Tiempo después de la votación –el texto finalmente no se aprobó– Saravia anunció que dejaba el FA pero que no renunciaba a su banca en el senado. A los días anunció que volvería al Partido Nacional para integrar un nuevo sector al que denominó Concertación Republicana Nacionalista. Ese enroque le dio un voto más al PN en el senado, y por supuesto, un voto menos al FA.

Parece Charrúa, pero no

En las últimas horas se realizó una nueva interpelación. El motivo para citar al parlamento a tres ministros (de Industria, de Medio Ambiente y de Turismo) fue la eventual instalación en campos uruguayos de una minera llamada ARATIRÍ. Los invito a dar una vuelta por información que no siempre está en los medios de comunicación: algunos de los ítems que están en juego aquí. “Comprender” no siempre va de la mano con “saber”, pero al menos se puede evitar tener que responder con un “no lo sé”.

¿Qué es ARATIRÍ? Es un proyecto minero que pertenece a la empresa Zamín Ferrous, de capitales anglo-suizos. Su presidente es nacido en la India, Pramod Agarwal, y acá en Uruguay el gerente de ARATIRÍ es Fernando Puntigliano, ex presidente de la Administración Nacional de Puertos del gobierno de Tabaré Vázquez.

Esta empresa dice que quiere invertir 3 mil millones de dólares en nuestro país para explotar los yacimientos de hierro en Uruguay. En 2008 consiguieron los permisos de prospección del suelo uruguayo, es decir, de análisis del hierro para determinar la viabilidad del proyecto. Tienen padrones denunciados en 6 departamentos: Treinta y Tres, Cerro Largo, Rocha, Lavalleja, Florida y Durazno. Prospectaron unas 100 mil hectáreas pero solicitaron permiso al Estado Uruguayo para explotar unas 12 mil hectáreas en los terrenos de unos 78 productores agropecuarios (desde la oposición se dice que son 200). Se estima que en estos terrenos hay entre 1500 y 2000 mil millones de toneladas de hierro. Estos lugares son principalmente cerros, por lo tanto de muy bajo índice coneat (12 o 14), lo que significa baja o muy baja productividad.

El emprendimiento –que le dejaría al Uruguay unos 500 millones de dólares anuales y unos 1500 puestos de trabajo directo, más unos 15 mil indirectos– tendrá tres áreas: el distrito minero, un mineroducto y una terminal portuaria en las costas de Rocha para exportar el hierro. También habrá un embalse de agua de grandes proporciones.

¿Pero?

Por ahora todo redondo. Uruguay tiene hierro que no se usa, ellos lo sacan y nos pagan una buena parte por eso. Sin embargo el asunto radica en el impacto que tendrá este megaproyecto en nuestro país. Surgen dilemas medioambientales y económicos. ARATIRÍ presentó un informe de impacto ambiental a la Dirección Nacional de Medio Ambiente (DINAMA) que fue rechazado por este organismo. Se le pidió que lo ampliaran y en eso están.

Hablamos de minería a cielo abierto, donde las explotaciones se desarrollan en la superficie del terreno, a diferencia de las subterráneas, que se desarrollan en cuevas. Sin entrar en detalles técnicos, se realizan pozos, también denominados cráteres, de unos 300 o 400 metros de profundidad. A través de explosiones extraen el hierro sin utilizar implementos químicos. Esto es importante destacarlo porque uno de los argumentos por los que se criticó a la minera en un principio era por el uso de químicos contaminantes para extraer el mineral. El hierro que predomina en Uruguay es la Magnetita, que se desprende de la roca con explosiones, luego se la muele y se la imanta para desprenderá de cualquier otro mineral.

La zona de Cerro Chato es uno de los lugares donde podría estar el mayor foco de esta minera. A varios productores agropecuarios se les ofreció vender sus terrenos a inversores o trasladarse del lugar en donde están. Todo esto, principalmente, derivó en el enfrentamiento entre los trabajadores de la zona que defienden el proyecto y los que no.

Vamos a los argumentos para cuestionar a la Minera. Primero que nada, ya lo dijimos antes, aún no tiene un informe de impacto medio ambiental aprobado por la DINAMA. Segundo, el manejo de las reservas de agua subterráneas de los cerros sumado al desvío de ríos para acumular el agua que necesitan. Al hacer grandes pozos en los cerros, eliminan varios ríos subterráneos.

Según productores contrarios al proyecto, van a desaparecer las fuentes de agua para las cañadas, para los ríos y para los costados de las laderas. Además, cuando llueva, el agua en vez de acumularse, se va a escurrir y va a ir directo a los arroyos y por lo tanto, directo al mar. Esto le sacaría esa propiedad de esponja que tienen los cerros. Por otra parte, recordemos que el presidente José Mujica explicó en su momento que una arrocera requiere más agua que lo que usaría ARATIRÍ.

¡¡¡Boom!!!

¿Qué pasa con las explosiones con las que desprenderán el hierro del suelo? El primer informe de impacto medioambiental de la empresa explicaba que se elevarían grandes cantidades de polvo que luego caerían sobre los campos, pero que en cuanto llueva se disolverían. Se usarán 43 mil toneladas de explosivos por año: 40 toneladas cada 2 días. Eso podría tener sus efectos ambientales. Efectos tanto en el aire, como en los campos y a nivel subterráneo. De todos modos, los explosivos –que serán detonados por el Ejército– son construidos en base a fertilizantes nitrogenados y gasoil. Tal parece que los productos de la combustión son los mismos de cualquier motor de una 4x4.

Lo que sí es claro que se va a modificar la situación de la gente de Valentines, Cerro Chato, Santa Clara de Olimar, entre otros lugares de estos 6 departamentos en donde estará ARATIRÍ si el Estado la autoriza. Ya sea desde la tranquilidad de su día a día, desde sus estilos de vida, desde su actividad agropecuaria hasta sus índices de desempleo, que podrían bajar sustancialmente con las oportunidades laborales que les da la empresa.

Relación costo-beneficio, dicen algunos. Lo concreto es que si Uruguay quiere incrementar en 500 millones de dólares su Producto Bruto Interno (PBI) anual y además quiere esos 1500 puestos de trabajo directos más esos 15 mil indirectos, va a tener que modificar sus actividades productivas. Desde el gobierno se afirma que ya es tiempo de que Uruguay deje de tener el 80% de su PBI solo gracias a la industria agropecuaria. Sigamos discutiendo entonces, que ARATIRÍ todavía no está instalada.

Como te expreso una cosa te expongo la otra

Pasado un año y medio del gobierno de Mujica surgen las siguientes preguntas: ¿quién gobierna? y ¿quién se opone a ese gobierno?

Uruguay es gobernado por el Frente Amplio (FA) y no por el Partido Nacional (PN), el Partido Colorado (PC) ni, mucho menos, el Partido Independiente (PI). Ahora bien, al preguntarnos sobre cuál es la principal fuerza de oposición, resultaría evidente afirmar que son los nacionalistas o los colorados (aquí ya ni me refiero al PI). Pero si analizamos los hechos detenidamente a lo largo de este año y medio del gobierno, presidido por José Mujica, vemos que las cosas no son tan así y que hay un nuevo gran opositor a este gobierno, un crítico de peso del actuar de esta coalición de izquierda. No es Asamblea Popular ni la Asociación Rural del Uruguay. Tampoco me refiero a grupos de militares retirados. La principal figura de oposición a este gobierno frentista es el mismo FA.

Su origen como coalición de diferentes partidos políticos es la respuesta a tal extrañeza. ¿Cómo es posible que quien gobierne sea su propia oposición? Para responder, repasemos algunos hechos y saquemos conclusiones.

El Partido Comunista, el Socialista y hasta el Movimiento de Participación Popular (todos integrantes del FA) se opusieron rotundamente al presupuesto presentado por el Ministerio de Economía de este gobierno. Durante todo 2010 el debate interno refirió a mejorar la distribución de la riqueza, ya que las propuestas del ministro Fernando Lorenzo no convencían.

Fue el mismo presidente Mujica quien en reiterados discursos afirmó lo que aún le resta por hacer al gobierno, resaltando que deben “bajar más la pobreza”, “mejorar la educación”, entre otros puntos. Por momentos, casi que parece criticar su propia gestión.

Ni que hablar que fue un legislador frenteamplista quién echó a perder uno de los proyectos con los que más se identificó esta fuerza política: desaparecer del sistema jurídico uruguayo los efectos que generó y genera la Ley de Caducidad. Pero de ese capítulo no solo participó el diputado Víctor Semproni. El mismo Mujica, acompañado del vicepresidente Danilo Astori y hasta del ex mandatario, Tabaré Vázquez, vieron conveniente que ese proyecto no progresara. A su vez, el plenario del FA mandató a sus legisladores a tomar una decisión que iba en contra del planteo del presidente.

En los últimos días el aumento de impuestos al agro cuando se trate de propietarios de más de 2000 hectáreas dejó ver alguna nueva contradicción. Mujica quiere un impuesto que el ministro de Ganadería, Tabaré Aguerre, no defiende. A su vez, Astori prefiere hablar de “aporte”, y no de impuesto. Por su parte, el senador del Nuevo Espacio, Rafael Michelini, ya hizo público que difícilmente lo obliguen a votar este impuesto.

Referirme al FA como su propia oposición no es más que un modo de entender que en la política no hay grandes verdades. Esto también le pasa al PN, donde las diferencias entre los senadores Luis Alberto Lacalle y Jorge Larrañaga son cada vez más notorias. El PC logró encontrar la unión en la recolección de firmas para bajar la edad de imputabilidad, pero también afrontó duros debates internos. Mientras tanto, el PI no cuenta con tanta participación como para entrar en contradicción.

Tal parece que cuando se trata de políticos y el modo en que se desempeñan, como te digo una cosa, perfectamente te puedo decir la otra.

Crónica de una muerte anunciada

Si bien ya se sabía que el proyecto interpretativo de la Ley de Caducidad fracasaría, se insistió hasta el último momento.

Eran casi las 15:00 horas cuando llegaba al Palacio Legislativo. Desde la puerta veía llegar varios grupos de personas, entre ellos, trabajadores, estudiantes, hijos de víctimas y desaparecidos durante la dictadura, y hasta algún astuto comerciante que se instalaba para vender chorizos al pan, previendo una jornada larga y un buen ingreso a su bolsillo.

Los diputados estaban convocados, justamente, a las 15:00 horas, lo que me dejaba poco margen para instalarme en el palco de prensa de la Cámara Baja. Por suerte el Frente Amplio había convocado una reunión de bancada a último momento para tratar de convencer al diputado Víctor Semproni de votar el proyecto interpretativo de la Ley de Caducidad. Eso me daba, al menos, 20 minutos para recorrer el Palacio, dar una vuelta por el ambulatorio, conversar con algún colega y uno o dos legisladores.

Luego de discutir con un funcionario, que me explicaba que no me podía ubicar en las barras – al lado del abarrotado palco de prensa – hasta que se iniciara la sesión, gané terreno junto a un parlante para dejar mi grabador y sacar mi block de notas.

Los diputados ingresaban a sala y se ubicaban en sus asientos. Se veía venir una jornada larga e intensa, cargada de reproches, de historia, de aburridos y reiterativos discursos, y de novedosos e interesantes argumentos.

Las barras ya estaban llenas. 99 legisladores y de estos, 57 en la lista de oradores. Los cuatro primeros, por ser miembros informantes por cada partido, tenían media hora. El resto solo 15 minutos. Casi 15 horas duró el debate.

El final ya lo conocen (ya se conocía), es como ver Titanic. Se votó tres veces para confirmar el empate en 49 votos. La Ley de Caducidad seguirá tal cual la conocemos.

Pasadas las 5:30 horas del día siguiente, el diputado nacionalista y presidente de la cámara, Luis Lacalle Pou, dio por levantada la sesión. “¡Traidores!”, se escuchó desde las barras. Seguramente alguien que no había visto Titanic, o que sí la había visto pero mantenía la esperanza de que ese gran barco no se hunda.